El Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales del caso Roe contra Wade entre 1971 y 1972. En enero de 1973, tomó una decisión histórica: falló en favor de McCorvey. Expresando la opinión de la mayoría, Henry Blackmun, el juez del Tribunal Supremo, decretó que los estado ya no podían considerar ilegales los abortos. El derecho de una mujer a la privacidad, escribió Blackmun, era «lo bastante amplio como para incluir [su] decisión de interrumpir o no su embarazo».
Sin embargo, el «derecho de la mujer a la privacidad» no era absoluto. En un intento acrobático de contrarrestar los derechos de la mujer embarazada frente a la «condición de persona» en desarrollo del feto, el tribunal consideró que el estado no podía limitar los abortos durante el primer trimestre del embarazo, pero que, como el feto madura, su condición de persona debía ser progresivamente protegida por el estado y que los abortos podía restringirse. La división del embarazo en trimestres era un invento biológicamente arbitrario, pero jurídicamente necesario. Como escribió el jurista Alexander Bickel: «El interés del individuo [es decir, de la madre] prevalece sobre el interés de la sociedad en los primeros tres meses, y, sujeto únicamente a las regulaciones sanitarias, también en el segundo trimestre; pero en el tercero prevalece la sociedad»
Mukherjee, Siddhartha (2017). El gen. Una historia personal. Barcelona: Debate, 317.
ISSN 2605-3489
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